Las ocupaciones de terrenos suburbanos no son un fenómeno nuevo en la Argentina. Pero la escala de la tomas que se iniciaron en el parque Indoamericano y el hecho de tratarse de tierras urbanas de un espacio público de cierto valor (a diferencia de los terrenos degradados, como las cavas, que dieron lugar a muchos grandes asentamientos en la región metropolitana) han dado una dimensión impactante al evento. Sin duda hay mucho para discutir sobre esos hechos. Una gran parte de los debates recientes se concentró sobre una variedad amplia de temas estructurales subyacentes que son innegables. Sin duda, los episodios muestran que el déficit urbano-ambiental es prioritario en el tema de provisión de infraestructura. Para algunos, lo que hemos visto se deriva de una asignación política del gasto en infraestructura urbano ambiental que castigó a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), junto a otras provincias opositoras. Para otros, es consecuencia de las dificultades de la CABA para balancear razonablemente el gasto en infraestructura y, específicamente, de la baja prioridad asignada a resolver los problemas edilicios de las escuelas y el faltante de viviendas populares. Según otros argumentos, el episodio en general es una re- edición de un recurrente tema argentino de “instituciones versus discrecionalidad”, en que las vías de hecho se sobreponen a las normas. Según algunos, desnuda las consecuencias de la renuencia a debatir y diseñar una política explícita y racional para regular mejor las condiciones (incluyendo los subsidios al combate a la pobreza y la provisión de bienes sociales) para adaptar y aprovechar los flujos migratorios que han ocurrido e, inevitablemente, seguirán ocurriendo en el área metropolitana. Hay quienes para los cuales se trata de un fenómeno promovido y coordinado por grupos de interés, político o económico, en el cual las personas en busca de viviendas serían instrumentos manipulados para otros propósitos.
Desovillar la madeja de causas y motivaciones de un hecho social de esa naturaleza no puede tomarse como tarea sencilla. En todo caso, cuatro economistas,[1] reunidos de casualidad al poco tiempo del evento, no pudimos evitar que saliera el tema y viramos enseguida a hacernos preguntas en busca de determinantes “algo más inmediatos” que los factores estructurales de larga data, y “algo más fundamentales” que una intencionalidad política de surgimiento súbito. ¿Por qué ocurrió ahora, cuando los elementos estructurales ya existían desde hace mucho?¿Qué elementos económicos coyunturales pueden haber sido disparadores del episodio? ¿Por qué ocurre en medio de un boom económico? ¿Podemos pensar en explicaciones no conspirativas o manipulativas del fenómeno? Ahí apareció en escena nuestro inevitable sesgo hacia tratar de identificar comportamientos en los que actúan incentivos económicos, y señales de precios en mercados formales o informales (después de todo, las usurpaciones expresan una demanda o necesidad reprimida por bienes económicos). Eso, por supuesto, con un debido respeto hacia aspectos de características más amplias que no pueden ser obviados.
Encontramos que, -sin grandes pretensiones y casi cumpliendo con el dictum de que tiene que haber tantas (o más!) explicaciones como economistas-, podíamos vislumbrar cuatro hipótesis, que cada uno de nosotros estaba enfatizando de diferentes maneras desde su óptica particular. Entonces decidimos ponerlas arriba de la mesa y hacer un examen cruzado e interactivo de las mismas. Las cuatro hipótesis son las siguientes.
La primera atribuye un rol importante a la inflación, en particular a la suba de los precios de los alimentos. Los pobres tienen una canasta de consumo en la que alimentación y vivienda tienen especial peso dentro del gasto (ver por ejemplo Ley (2005)) Un encarecimiento de los alimentos causa un efecto ingreso negativo (deja menos para gastar en otros bienes, y en alquileres en particular). Así, la capacidad de pago de los inquilinos en las villas se habría visto reducida, lo que podría haber reforzado el incentivo a apropiarse de terrenos no ocupados por viviendas, y contribuido a impulsar la participación en tomas.[2] Esta explicación se basa en los cambios de precios relativos distributivamente no neutrales asociados con la inflación reciente, y se corresponde con la caída del salario real de los trabajadores informales, si se deflacta por la inflación de alimentos medida por ejemplo por FIEL (de 9% desde comienzos de año). Sin embargo, el orden de magnitud de esa disminución no llegó a asemejarse al observado en episodios de grandes crisis. Por otro lado, caídas del poder adquisitivo deberían haber ocasionado una presión a la baja en el precio de los alquileres en las villas, o bien menores tasas de ocupación de viviendas, cuando la evidencia casual apunta en sentido contrario.
La segunda hipótesis es que eclosionó un desajuste severo en el “mercado” (segmentado) de arrendamientos de viviendas y piezas en las villas. En esta hipótesis, vino ocurriendo un incremento de la demanda por viviendas (que tiende a elevar el precio de los alquileres, y descoloca a ciertos grupos de familias, cuyos ingresos rezagan, dejándolos fuera de la competencia por los lugares existentes. Ahora bien: ¿Qué puede elevar el precio de los alquileres en las villas? Sabemos poco (nosotros) sobre cómo funciona este mercado. En principio, los motivos podrían encontrarse en efectos acumulados del crecimiento demográfico, en el influjo de ingresantes provenientes de otros sitios del país o del exterior, o en aumentos en los ingresos de algunos conjuntos de habitantes de las villas. En todo caso, parece difícil invocar incrementos generalizados de ingresos, por las razones mencionadas en el punto anterior, y porque, en ese caso, alquileres más altos habrían sido “pagables” por la mayoría. Tal vez, aunque no tenemos datos para afirmarlo, haya habido una mayor heterogeneidad de ingresos dentro de las villas. Un efecto que resulta plausible es una interacción entre el agotamiento de terrenos y viviendas y un mayor número de personas deseosas de habitarlos. Casi todas las referencias verbales que se han leído o visto en los medios tocan inexorablemente el tema de alquileres. Pero la identificación precisa de los mecanismos y comportamientos relevantes en la práctica está limitada por la escasez de evidencia robusta que tenemos (en su mayor parte casual o de encuestas de base no estadística) sobre la dinámica de cantidades y precios en el mercado de viviendas y arrendamientos en las villas o barrios pobres.[3].
La tercera hipótesis se basa en efectos de expectativas potencialmente generados por el anuncio reciente por parte del gobierno de la CABA sobre la intención de otorgar títulos a las propiedades en las villas, con la contrapartida de que los ahora propietarios formales asumieran las consiguientes obligaciones tributarias. ¿Puede esta señal haber contribuido a la corrida? El argumento asociaría ese efecto a un “señalamiento” de que la creación de una villa llevaría a la obtención de derechos de propiedad, lo que coordinaría nuevas ocupaciones. Por otra parte, la perspectiva de titularización podría haber abierto un conflicto entre los “propietarios” informales y los inquilinos, respecto de quiénes serían favorecidos por la titularización, con la consecuencia de perturbar el mercado de alquileres. Un problema observacional con la hipótesis es que la ola de ocupaciones se ha extendido a distritos en donde no hay anuncio de titularización de viviendas en las villas, si bien este movimiento puede ser resultado de efectos de imitación inducidos por las tomas iniciales.
La cuarta hipótesis se distancia de las anteriores en cuanto a los efectos de los precios de las viviendas y apunta más directamente a una ola de demanda por subsidios. La evidencia disponible, según este argumento, es que bastante gente de las villas que fueron a ocupar, manifestaron que lo hicieron no porque no tienen casa,[4] sino porque se difundió el rumor de que se daría un subsidio. En esta explicación, la señal del gobierno de que se iban a cortar los subsidios fue crucial para desconcentrar rápidamente el parque Indoamericano. Nuevamente, un problema observacional con esta hipótesis es que se aplica a lo que vimos en el parque, pero no a la ocupación de otros predios en Capital y la zona sur el conurbano, si bien podría contra argumentarse que los que desalojaron el parque ya recibían subsidios y tenían que perder mientras que los otros manifiestan que no los recibieron aún.
Estas cuatro hipótesis, como se dijo al comienzo, no agotan otras explicaciones ni pretenden ignorar la operación de factores estructurales. De hecho, los efectos mencionados estarían actuando en el contexto de tendencias que vienen desde años atrás. Sin embargo, nos parece que los procesos económicos asociados con las tomas merecen ser examinados, porque hacen a las razones de fenómenos tan salientes como los que hemos visto, y también a los problemas concretos subyacentes, y a las políticas que, más allá de lo inmediato, contribuirían a irlos superando. Quedaría una tarea de tomar estas hipótesis, u otras que se especifique, y contrastarlas con datos robustos, a efectos de desgranar con cuidado los canales por los cuales irrumpió dramáticamente el desequilibrio urbano.
Referencias
Adaszko D. y A. Salvia (20010), “Déficit de Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios y de Infraestructura Urbana: situación habitacional en la Argentina urbana (2004-2009”, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, Octubre.
Ley E. (2005),“Whose Inflation? A Characterization of the CPI Plutocratic-Democratic Gap,” Oxford Economic Papers (2005),57: 637–646.
[1] José María Fanelli, Pablo Gerchunoff, Daniel Heymann y Fernando Navajas.
[2] En una nota publicada en La Nación, titulada “Villa Soldati desmiente al INDEC” (http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1334680) Victor Beker suscribe esta hipótesis y cita la frase de un participante en la toma al parque que sostiene que: “
Cuando se dispararon los precios en los supermercados y nos quedamos sin plata para pagar los alquileres, no nos quedó otra”
[3] Según Adaszko y Salvia (2010), que elaboran sobre la encuesta de deuda social de la UCA, … “el proceso inflacionario tuvo un impacto regresivo por cuanto, a pesar de que entre 2007 y 2009 se produjo un incremento del 62.1% en el precio promedio de los alquileres, en las villas y asentamientos el aumento llegó al 97.4%, mientras que en las zonas con trazado urbano de clase media ascendió al 51.5%.”
[4] En el mismo informe de Adaszko y Salvia (2010), se reconoce que … ”En el caso de las villas y asentamientos el porcentaje de propietarios de sus viviendas es sensiblemente más bajo que en las zonas con trazado urbano. En 2009 sólo el 46% era propietario de la vivienda que habitaba y el 46.1% era ocupante o presentaba distintas formas de tenencia irregular, mientras que sólo el 7.9% la alquilaba”. Este último valor puede que se esté refiriendo sólo a alquileres formales, mientras que dentro del 46.1% anterior pueden esconderse modos informales de alquiler. La frase “tenencia irregular” es llamativa también en cuanto a las consecuencias de la titularización sobre el equilibrio del mercado de viviendas en las villas.
